Gobiernos de uno y otro color llevan años intentando regular internet. Y desgraciadamente la libertad de expresión es la gran damnificada. Leyes, propuestas y reformas que amparándose en aspectos como la propiedad intelectual, la seguridad o la lucha antiterrorista, han ido limitando lo que los usuarios podemos publicar en la red o agilizando el proceso de bloquear páginas web.

Desde la Ley Sinde, que marcó en España el inicio de la defensa de los derechos fundamentales en internet hasta recientes reformas como la de la Ley de Propiedad Intelectual. Estos son los proyectos sobre los que hemos venido alertando todos estos años y que han ido progresivamente socavando nuestra libertad en internet.

Ley Sinde

En 2011, el gobierno del PSOE aprobó la Ley de Economía Sostenible, más conocida como Ley Sinde. Fue entonces cuando los derechos de autor se colocaron por encima de otros derechos fundamentales, permitiendo que un organismo dependiente del ministerio de Cultura pudiera impedir el acceso a cualquier página web. Una ley que quitó a los jueces de la ecuación a la hora de bloquear páginas y dio grandes poderes a las asociaciones de gestión de derechos.

Reforma de la ley de Propiedad Intelectual (2014)

En 2014, con el PP en el gobierno, se aprobó la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Se endurecieron las multas a las páginas de enlaces y se introdujo el Canon AEDE por el cual los agregadores de contenidos tenían que pagar a las entidades de derechos de autor. Una reforma que introdujo el concepto de “copia privada”, expulsó a Google News de España y dio más poderes a los órganos administrativos para suspender dominios.

Reforma del Código Penal (2015)

Con la reforma del Código Penal se incluyeron menciones específicas para el ‘Revenge Porn’ y limitaciones para el ciberactivismo. También se añadieron penas de cárcel para aquellos que facilitasen eliminar el DRM y se introdujeron penas para aquellos que emitan “mensajes o consignas” que inciten a alterar el orden público. Un anticipo de lo que luego se englobaría en la Ley Mordaza.

Ley de Enjuiciamiento Criminal

En 2015, la conocida como Ley Torquemada abrió la puerta a que un juez pudiera ordenar la instalación de programas espía para investigar cualquier delito en la red y la creación de la figura de “agentes encubiertos informáticos”.

También ese año hubo un nuevo acuerdo antiterrorista donde con el precepto de luchar contra la amenaza terrorista se limitaron muchos derechos de los usuarios. Una tendencia que continúa en 2021, donde la Unión Europea permitirá censurar contenidos en menos de una hora sin pasar por el juez.

Ley de seguridad ciudadana (Ley mordaza)

Aprobada en marzo de 2015, la Ley de seguridad ciudadana establecieron penas por twittear convocatorias de manifestaciones o protestas y se prohibió publicar fotos de policías. Esta ley, junto a la reforma del código penal y la ley antiterrorista es lo que se conoció popularmente como Ley Mordaza. Un punto de inflexión en las libertades de la red y una “criminalización de internet” que todavía sigue estando muy presente.

“En España se ha condenado a penas de cárcel por un chiste o una canción. También se ha multado y detenido a periodistas cuando estaban informando. O se ha pedido prisión para medios que han publicado filtraciones. Y las normas que permiten todo ello siguen vigentes, por lo que puede seguir ocurriendo”, denuncia Virginia Pérez Alonso, presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI).

Forzando la identidad de los usuarios

“Queremos que detrás de las cuentas en redes sociales siempre haya una identidad y que el usuario sepa que está identificado”, explicaba Rafael Hernando, portavoz del PP. Fue una iniciativa parlamentaria con el objetivo de forzar a que los usuarios deban utilizar su “identidad administrativa real” a la hora de registrarse.

Mantener el anonimato es un derecho fundamental y cualquier norma que pretendiera prohibirlo o limitarlo “sería probablemente inconstitucional”, explicaba el abogado Carlos Sanchez Almeida.

Propuesta de reforma de la Ley del derecho al honor

Otra proposición no de ley fue la reforma de la Ley Orgánica de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Una iniciativa para especificar ataques al honor a través de internet. Afortunadamente no se llevó a cabo. “Nos preocupa esta reforma porque Internet no requiere leyes especiales: deben existir en la Red los mismos derechos y obligaciones que fuera de ella, y la normativa actual sobre derecho al honor ya da cobertura a estos supuestos”, explicaba Pérez Alonso.

Ley Orgánica de Protección de Datos y Derechos Digitales

A finales de 2018 se acabó aprobando la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Derechos Digitales. Una reforma refrendada por todos los partidos y que abre la puerta para elaborar perfiles ideológicos de los ciudadanos con los datos mostrados en Internet y poder enviar propaganda electoral sin consentimiento previo.

Según aclaró la Agencia Española de Protección de Datos, la recopilación por parte de los partidos de datos personales solo es para “obtener información que les permite pulsar las inquietudes de los ciudadanos con el fin de poder darles respuesta en sus propuestas electorales”.

La norma también amplió el alcance del derecho de rectificación digital y el derecho al olvido. Una ley que, entre otros aspectos, facilitó que ciertos políticos puedan obligar a rectificar informaciones comprometidas que todavía no han sido probadas.

Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (“Nueva Ley Sinde”)

En febrero de 2019 finalmente se aprobaba la nueva Ley de Propiedad Intelectual. Una “nueva Ley Sinde” acordada por PSOE, PP y Ciudadanos que supone un endurecimiento de la Ley Sinde original. En la nueva ley se reduce todavía más el papel de los jueces y se permite que el Gobierno pueda cerrar páginas web sin tener la necesidad de disponer de autorización judicial. Un caso que vimos a finales de 2019 con el cierre de Exvagos ordenado por el Ministerio de Cultura.

“Así culminan definitivamente lo de quitarse a los jueces de encima. Esta misma propuesta de liquidar al completo el control judicial para cerrar webs es la que frenaron en 2011 porque era una píldora demasiado grande para nuestras tragaderas”, explicaba David Bravo, abogado especializado en derecho informático y propiedad intelectual.

Decretazo Digital

A finales de 2019 se aprobó el Real Decreto Ley 14/2019, por el cual el Gobierno puede alegar “motivos de orden público” para intervenir cualquier infraestructura, recurso asociado o nivel de la red. La medida modifica la Ley General de Telecomunicaciones para otorgar al gobierno estos poderes. “Una ley chapuza que en malas manos puede ser peligrosa”, apuntaba Almeida.

Propuesta para eliminar mensajes de odio

A petición de Unidas Podemos, el Congreso aprobó la ‘Proposición no de Ley sobre la prevención de la propagación de discursos de odio en el espacio digital’. Entre otras medidas se proponía la creación de una herramienta única contra los discursos de odio y establecer un tiempo máximo para eliminar un contenido denunciado. El problema radica en que de nuevo se intenta eliminar la figura del juez para determinar qué es un “mensaje de odio”.

Monitorizar las redes para perseguir los bulos

La desinformación y la lucha contra las ‘fake news’ es otra de las batallas que los gobiernos han utilizado para justificar sus legislaciones. En abril de 2020, el gobierno el PSOE planteaba cambios legales para impedir que “aquellos que contaminan la opinión pública” salgan impunes.

“No creo que luchar contra los bulos requiera un tipo específico. No lo creo porque no puede haber un tipo omnicomprensivo de todos los tipos de bulos. Eso tardaría muchísimo y no creo que estemos en el mejor momento para hacer una reforma del Código Penal”, explicaba Borja Adsuara, profesor y abogado experto en Derecho.

En noviembre de 2020, el Gobierno publicó su ‘Procedimiento de actuación contra la desinformación’, donde se estableció la creación de una comisión para decidir cuando una noticia es ‘fake news’.

Listados semanales para bloquear páginas de descargas

En abril de 2021, el Gobierno llegó a un acuerdo con la Coalición de Creadores, la patronal DigitalES y las principales operadoras de telecomunicaciones para perseguir las webs de descargas. Entre las medidas se establece un comité técnico cuya labor será elaborar listados semanales de webs que repliquen los contenidos de otras ya señaladas por sentencias judiciales previas. Un comité encargado de gestionar el bloqueo a las webs sin pasar por el juez.

Directiva del copyright

Inicialmente conocida como Ley Uribes, en referencia al ministro de Cultura José Manuel Rodríguez Uribes, y posteriormente como Ley Iceta, en referencia a Miquel Iceta. Se trata de una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual para incorporar la polémica directiva del copyright que permitirá a las plataformas, como la propia Google, censurar contenidos sin necesitar la aprobación judicial previa.

Sin embargo, este proceso de transposición de finales de 2021 fue más allá. La adaptación no solo trajo la censura algorítmica, también lo aplicó a las retransmisiones en directo. Un punto no añadido en la directiva original y que permitirá censurar a streamers en directo.

“El beneficiado directo es la Liga de Fútbol Profesional. Es una ley hecha a medida. Como también para Netflix, Movistar, HBO o Amazon”, exponía el abogado Sanchez Almeida.

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