Que los fabricantes deban facilitarle a los usuarios las herramientas necesarias para reparar sus productos puede parecer algo obvio, aunque la realidad es bien distinta. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden llamó a la Comisión Federal de Comercio a cambiar estas prácticas anticompetitivas para que la reparación sea más fácil y barata para los consumidores. Esta orden ha afectado a empresas como Apple, quienes ahora ofrecen un kit de reparación para sus propios teléfonos, aunque no precisamente ‘barato’. Esta situación se agrava cuando el producto en cuestión es un tractor.

En lo que llevamos de año, John Deere ha recibido hasta tres demandas judiciales. Los mismos que desactivaron remotamente sus propios tractores ante el robo de varios equipos agrícolas por parte de las tropas rusas, dijeron en un comunicado que respaldan el derecho del cliente a “mantener, diagnosticar y reparar de manera segura sus equipos”, aunque cuando se trata de su software, la cosa cambia.

John Deere y su reticencia ante el derecho a la reparación de su maquinaria

La Ley del Derecho Agrícola a la Reparación, proyecto de ley presentado por el senador Jon Tester en Estados Unidos, afectaría considerablemente a John Deere, pues se trata de una ley que requeriría que los fabricantes de equipos pongan a disposición cualquier pieza, herramienta, software y documentación que los propietarios necesiten para reparar, diagnosticar y mantener su propio equipo. Sin embargo, el fabricante de equipos agrícolas no respalda el derecho a modificar el software, citando riesgos de seguridad, cumplimiento de emisiones y rendimiento del motor.

El sector agrícola también ha evolucionado, hasta el punto en que los equipos y maquinaria son una ramificación más de la era del Big Data. Ahora, un tractor como los de John Deere está diseñado para estar interconectado y recoger todo tipo de información. De hecho, la licencia de software de John Deere, que un agricultor acepta automáticamente girando una llave en su tractor, no solo prohíbe la reparación y modificación, sino que también protege a la empresa contra demandas por “pérdida de cosechas, de ganancias o de uso del equipo”.

En el caso de Deere, sus clientes no dependen únicamente del software de la empresa. Y es que debido al alto coste de este tipo de maquinaria, muy pocos agricultores adquieren uno de estos directamente, siendo la firma la que hace de arrendataria para financiar su producto. Este hecho les ha convertido en el quinto prestamista agrícola más grande del sector. Los tractores, como cualquier otro producto, son susceptibles a todo tipo de daños y averías, y en un mundo en el que la obsolescencia programada está cada vez más presente, no contar con el derecho a la reparación supone un grave riesgo para el consumidor, sobre todo en un sector como el agrícola.

En la actualidad existen iniciativas como Open Source Ecology o Farm Hack, proyectos de código abierto que desarrollan agricultores individuales y que pueden suponer una gran ayuda, sobre todo en este tipo de casos. Si bien este tipo de proyectos deben ser aún comercialmente viables, no dejan de ser una más que interesante alternativa. De hecho, una de las razones por las que el problema del derecho a la reparación se ha convertido en un tema tan peligroso es que llevan a los agricultores a utilizar software ucraniano ilegal para piratear sus tractores.