El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado la multa de 4.100 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a Google por el uso que la compañía hacía de Android para perjudicar a sus rivales. Esta decisión, anunciada el jueves, es definitiva y no permite más recursos por parte de la empresa.
El caso se remonta a 2018, cuando Bruselas impuso una multa récord de 4.340 millones de euros a Google por obligar a los fabricantes de móviles a preinstalar Google Search, el navegador Chrome y la tienda Google Play para acceder al ecosistema Android, además de impedirles instalar versiones alternativas del sistema operativo. En 2022, un tribunal inferior de la UE redujo la multa a 4.100 millones de euros, manteniendo gran parte de los argumentos de la Comisión. Google recurrió esa decisión, pero el Tribunal de Justicia de la UE ha rechazado el recurso.
La Comisión Europea identificó tres prácticas ilegales en el acuerdo de Android: obligar a los fabricantes a preinstalar Google Search y Chrome para licenciar la tienda Google Play; pagar a grandes fabricantes y operadoras para que instalaran su buscador en exclusiva; y prohibir a los fabricantes lanzar teléfonos con versiones de Android no aprobadas por Google.
Google ha defendido que Android ofrece más opciones a los usuarios y sostiene que apoya a miles de negocios en Europa. Un portavoz de la compañía afirmó que la sentencia no reconoce la inversión realizada para mantener Android abierto, interoperable y gratuito, aunque la empresa ya adaptó sus contratos para cumplir con la decisión original desde 2018.
La multa de 4.100 millones de euros es la mayor impuesta a Google en Europa. La compañía acumula cerca de 11.000 millones de euros en multas antimonopolio en las últimas dos décadas. En 2022, la Comisión también le impuso una sanción de 2.950 millones de euros por sus prácticas en publicidad digital.
La sentencia podría permitir que empresas que se consideren perjudicadas por estas prácticas reclamen indemnizaciones. Recientemente, Google fue condenada a pagar cerca de 2.000 millones de dólares a Klarna en otro litigio antimonopolio. La organización FairSearch, que presentó la denuncia original ante la Comisión en 2013, ha calificado la sentencia como una victoria importante contra la conducta anticompetitiva de Google en el mercado móvil.
El enfoque regulatorio en Bruselas se está moviendo hacia la Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales, nuevas herramientas legislativas para vigilar a las grandes tecnológicas. Google enfrenta otros expedientes abiertos bajo estas normas, incluyendo uno por favorecer sus propios servicios en los resultados de búsqueda y otro por sus prácticas en la tienda de aplicaciones. Además, hay una investigación sobre si la compañía perjudica injustamente ciertos resultados de noticias.
La presión regulatoria sobre Google en Europa parece que se intensificará en los próximos meses.
