El Gobierno de EEUU ha solicitado a OpenAI que limite la distribución de GPT 5.6, su próximo modelo de inteligencia artificial, a un número reducido de socios aprobados por la Administración. Esta decisión, según CNN, se debe a las capacidades avanzadas de este modelo.
La petición se produce pocos días después de que la Administración Trump impusiera una orden de control de exportaciones a Anthropic, lo que llevó a esta compañía a retirar del mercado sus modelos más avanzados: Mythos y Fable. Este episodio generó preocupación en Washington y Wall Street debido a las capacidades de ciberseguridad de dichos modelos, considerados un vector de riesgo sin precedentes por algunos expertos.
Fuentes indican que tanto la Administración como OpenAI coinciden en que GPT 5.6 tiene un potencial similar al de Mythos, lo que lo convierte en el segundo modelo de frontera sometido a un escrutinio gubernamental en cuestión de semanas.
OpenAI ha aceptado esta restricción como una medida provisional para poder lanzar el modelo públicamente. Sam Altman, CEO de la compañía, describió la situación en un informe interno como un «momento extraño» debido a la falta de un marco regulatorio claro para los modelos de IA. En el mismo documento, Altman explicó que el Gobierno está aprobando el acceso «cliente por cliente», una estrategia que la compañía acepta pero no respalda.
La postura oficial de OpenAI es clara: «Hemos dejado claro al Gobierno de EEUU que este no es nuestro modelo preferido a largo plazo, y trabajaremos con ellos y otros actores del sector para alcanzar un enfoque más sostenible en futuros lanzamientos», escribió Altman. La Casa Blanca, por su parte, ha declarado a CNN que «continúan colaborando con los laboratorios de IA de frontera para desarrollar enfoques compartidos». Hasta el momento, OpenAI no ha emitido más comentarios al respecto.
La situación regulatoria se complica aún más con la reciente orden ejecutiva firmada por Donald Trump, que solicita a las empresas con modelos avanzados someterse a una revisión gubernamental voluntaria 30 días antes de cada lanzamiento, aunque el marco de implementación aún no se ha establecido.
La gestión del caso OpenAI refleja la confusión actual, ya que la petición provino de la Casa Blanca, mientras que la prohibición de exportación a Anthropic fue emitida por el Departamento de Comercio, dos organismos distintos que utilizan instrumentos diferentes sin aparente coordinación.
Brad Carson, director de Public First, un superPAC bipartidista a favor de la seguridad de la IA, ha criticado la falta de un marco regulatorio claro, señalando que actualmente existe un enfoque ad hoc, personalizado y opaco. Carson reconoce que el Gobierno tiene la autoridad para retirar productos peligrosos del mercado, incluidos los modelos de IA, pero advierte que este proceso debe ser transparente y equitativo. Por el momento, GPT 5.6 no tiene una fecha de lanzamiento público confirmada.
