El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado una sentencia que obliga a los bancos a reembolsar de inmediato el dinero sustraído a sus clientes a través de fraudes de phishing, incluso si el cliente ha facilitado sus claves bancarias. Este fallo se produce tras el caso de una mujer en Polonia que perdió 700 euros tras ser víctima de una estafa en línea. La decisión, emitida el 15 de octubre, aclara que la sospecha de negligencia grave por parte del cliente no exime a la entidad de su obligación de reembolso inmediato.
El conflicto comenzó cuando la mujer, tras recibir un enlace fraudulento que imitaba a su banco, introdujo sus credenciales y permitió que los estafadores transfirieran el dinero. Al solicitar el reembolso, el banco se negó, argumentando que la clienta había actuado con negligencia. Ante esta negativa, la mujer llevó el caso a los tribunales, lo que llevó al juzgado polaco a plantear una cuestión prejudicial al TJUE sobre las responsabilidades del banco.
La sentencia del TJUE establece que el artículo 73.1 de la Directiva PSD2 obliga a los proveedores de servicios de pago a reembolsar inmediatamente las operaciones no autorizadas, salvo que existan motivos razonables para sospechar fraude por parte del cliente, los cuales deben ser comunicados a la autoridad competente. La decisión también aclara que el reembolso no elimina la posibilidad de que el banco reclame posteriormente al cliente si se demuestra que este incumplió sus obligaciones de seguridad.
Qué significa para su organización
Las entidades bancarias deben revisar sus procedimientos internos para garantizar el cumplimiento de la obligación de reembolso inmediato en casos de phishing. Es recomendable que los bancos evalúen sus protocolos de respuesta ante fraudes y se aseguren de que sus clientes sean reembolsados sin demoras, incluso en situaciones donde se sospeche negligencia. Además, deben estar preparados para presentar pruebas que demuestren la negligencia del cliente en caso de que decidan reclamar el importe posteriormente.
Asimismo, las organizaciones deben considerar la formación de sus empleados en la identificación de fraudes y la mejora de sus sistemas de seguridad para prevenir este tipo de estafas, dado que la sofisticación de los fraudes está en aumento y la carga de la prueba recae sobre ellos en caso de disputas legales.
