La Audiencia Provincial de Barcelona ha emitido una advertencia sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en los procedimientos judiciales, en una sentencia dictada el 21 de julio de 2026. En la resolución, se reprocha a un recurrente haber utilizado lo que el tribunal califica como un «sorprendente argumento de ‘autoridad’ de la inteligencia artificial», en lugar de demostrar de manera concreta el perjuicio económico que sustentaba su recurso.
La Sentencia 460/2026, dictada por la Sección Primera de la Audiencia, se origina en un conflicto entre un particular y Banco Sabadell relacionado con un préstamo hipotecario de 2005. El demandante solicitaba la nulidad de una cláusula financiera sobre el cálculo de intereses, reclamando la devolución de cantidades que consideraba indebidamente abonadas. La Audiencia se centró en la validez de la cláusula y en cómo se calculaban los intereses, diferenciando entre varios sistemas utilizados por las entidades financieras.
El tribunal concluyó que el sistema utilizado en el préstamo era 360/360, lo que no generaba un desequilibrio en perjuicio del consumidor. La Audiencia criticó que el recurrente no hubiera concretado el perjuicio real en el cálculo de intereses, recurriendo a la IA en lugar de aportar un análisis detallado. La sentencia subraya que la IA no puede sustituir la necesidad de razonar y acreditar lo que se sostiene ante un tribunal.
Qué significa para su organización
Las organizaciones, especialmente las del sector financiero y jurídico, deben tener en cuenta que el uso de herramientas de IA en procedimientos judiciales no exime de la obligación de presentar pruebas concretas y razonadas. Es recomendable que las entidades revisen sus procedimientos internos para asegurar que cualquier argumento presentado en un recurso esté respaldado por datos y cálculos claros, evitando depender únicamente de la IA para argumentar en su favor.
Además, las empresas deben formar a sus equipos sobre las limitaciones de la IA en el contexto legal, enfatizando la importancia de la acreditación de los argumentos y la necesidad de realizar análisis detallados que sustenten cualquier reclamación o defensa en un litigio.
