VALLADOLID 4 Jun. (CIBERPRO) –
José Luis Sanz Merino, consejero de Movilidad y Transformación Digital, ha resaltado que la inversión en ciberseguridad ha aumentado de 800.000 euros a dos millones anuales «para asegurar la continuidad de los servicios fundamentales».
Así lo ha declarado minutos antes de abrir la jornada ‘Estrategias de ciber-resiliencia y seguridad del dato’, organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección en Valladolid.
En sus declaraciones a Europa Press, Sanz Merino se ha referido a la firma del nuevo contrato del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), que «duplica los recursos destinados a monitorear, prevenir y actuar ante incidentes digitales en la administración autonómica». En 2024, el SOC manejó cerca de 19.000 alertas, de las cuales más de 1.500 fueron incidentes reales, marcando la cifra más alta hasta ahora.
El consejero ha enfatizado el compromiso de la Junta con una transformación digital «segura, humana y sostenible», destacando que el objetivo principal es «utilizar lo mejor de la tecnología en beneficio de las personas».
En un entorno marcado por «amenazas digitales cada vez más complejas», Sanz Merino ha señalado que la ciberseguridad «no es solo una opción, sino una obligación institucional y un deber hacia la ciudadanía». El reciente «apagón masivo» de abril ha evidenciado, en su opinión, «la necesidad crítica de contar con sistemas robustos y planes de contingencia eficaces en todos los niveles de la Administración».
En este contexto, ha recordado que la Junta desarrolla su estrategia de ciberseguridad en torno a tres pilares fundamentales: las personas, la normativa y los procedimientos, y las medidas técnicas. «Se ha implementado un ambicioso plan de formación y concienciación para el personal público en temas de seguridad digital, reconociendo que el factor humano es el eslabón más débil en la cadena de la información», ha añadido.
Además, ha anticipado que esta semana se aprobará una inversión superior a 255.000 euros para integrar una nueva herramienta informática que mejorará la protección de los datos y sistemas públicos.
Durante su intervención, Sanz Merino ha subrayado la relevancia de la colaboración entre el sector público y privado, así como la cooperación institucional, como pilares estratégicos. Ha elogiado al Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), ubicado en León, como un «socio esencial» en la defensa digital del tejido empresarial y de la ciudadanía. También ha destacado la colaboración con el CCN-CERT.
Entre los proyectos mencionados, el consejero ha resaltado la participación de Castilla y León en la red de cooperación interterritorial RED-ARGOS, dentro del programa RETECH, que cuenta con financiamiento proveniente de fondos europeos Next Generation, además del presupuesto de la Junta. En total, se destinan 14,3 millones en Castilla y León para fomentar nodos de ciberseguridad relacionados con sectores clave como la movilidad o el aeroespacial.
También ha señalado la función crucial de la Fundación Scayle, que desde Castilla y León lidera «iniciativas innovadoras» en comunicaciones cuánticas seguras y criptografía resistente a futuras amenazas, en colaboración con universidades y empresas locales.
Por último, ha recordado que la ciberseguridad es uno de los ejes prioritarios de la Estrategia Regional de Especialización Inteligente (RIS3) 2021-2027. «Buscamos una Castilla y León más segura, más competitiva y mejor preparada para enfrentar los retos del mundo digital. Pero, sobre todo, queremos una transformación digital que beneficie la vida de las personas», ha concluido.
