VALLADOLID 4 Jul. (CIBERPRO) – El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha decidido ratificar la condena de dos años y medio de prisión impuesta a Aurelio M.P., un ‘hacker’ que hizo uso de un ‘software malicioso’ para acceder a los datos de una persona que había financiado la compra de un automóvil. A partir de esa información, solicitó en su nombre varios préstamos de 26.000 euros cada uno, destinados a la compra de vehículos, que no fueron reembolsados a las entidades financieras.
En su fallo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, ubicada en Burgos, considera que está comprobado que el acusado, en consonancia con la sentencia anterior de la Audiencia de Valladolid fechada el 19 de febrero del presente año, cometió un delito de estafa informática agravada por el monto involucrado y en concurso con otro de falsedad de documento mercantil. No se presentaron circunstancias que modificaran la pena, por lo que se le impuso una condena de dos años y medio de prisión y una multa de 1.920 euros, según datos proporcionados por el Gabinete de Prensa del Alto Tribunal de Castilla y León, difundidos por Europa Press.
Adicionalmente, como parte de la responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar al afectado con 3.000 euros y a ‘Xfera’ con 26.544,70 euros, así como a ‘Cetelem’ con 26.330,90 euros, incluyendo los intereses correspondientes.
La Fiscalía de Valladolid y la acusación particular habían solicitado para el condenado una pena de cinco años de prisión, justificando su solicitud en parte por el testimonio del jefe del Grupo de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional en Granada, quien durante el juicio identificó al acusado como el responsable de suplantar la identidad del vallisoletano para solicitar los préstamos que no fueron devueltos a las entidades afectadas, Cetelem y Xfera Consumer Finance, que reclaman respectivamente 26.544,77 y 26.330,90 euros.
«Nunca habíamos recolectado tantas pruebas en un caso de esta índole», señaló el experto policial. En declaraciones a Europa Press, mencionó que en marzo de 2022 se llevó a cabo la detención de Aurelio M.P. (más conocido como ‘Aurex’) en su casa de Getafe, tras las investigaciones iniciadas por la denuncia del vallisoletano afectado. Durante el registro del domicilio, se confiscó un ordenador portátil y un teléfono móvil que contenía datos del denunciante, David M.L., incluyendo una copia de su DNI.
En cuanto al ‘modus operandi’ del acusado, quien optó por no declarar, ni siquiera ante su defensa, las acusaciones afirmaron que Aurelio M.P., utilizando un programa informático llamado ‘Redline’, consiguió infectar el ordenador de la financiera Toyota Kredibank GMPH, a la que la víctima había solicitado 26.000 euros para adquirir un coche. Luego, obtuvo todos sus datos (DNI, nóminas, etc.) que usó el 28 de julio de 2021 para solicitar en su nombre dos préstamos de igual importe a las entidades afectadas, alegando que eran para la compra de un vehículo, sin que posteriormente realizara ningún pago.
ESTAFADO Y ENCIMA INVESTIGADO
El vallisoletano afectado se percató de la estafa cuando las entidades financieras le contactaron para exigirle la devolución del dinero. La víctima, como explicó en juicio, no solo sufrió el desasosiego correspondiente, sino que además se vio obligado a declarar como investigado en la ‘Operación Jordán’, llevada a cabo por el Grupo de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional de Granada contra una banda de ‘hackers’, compuesta mayoritariamente por jóvenes, acusada de desviar a cuentas personales las nóminas de funcionarios del Ayuntamiento de Fuenlabrada, la Consejería de Salud en Madrid y el Ayuntamiento de Málaga.
En efecto, el entonces jefe de este grupo policial añadió que las investigaciones derivadas de la denuncia del vallisoletano llevaron a la cuenta de Aurelio, donde se depositaron los 52.000 euros del denunciante, y se descubrió que a la misma habían llegado cinco nóminas de un empleado del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
