– Eduardo Parra – Europa Press – Archivo
MADRID 6 de mayo. (CIBERPRO) –
Telefónica continuará gestionando el lote de ciberseguridad y conexión de datos, el tercero, del megacontrato de telecomunicaciones del Gobierno, conocido como ‘CORA’, mientras se espera la resolución de su apelación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).
Este contrato tiene un valor de 12.210.976,21 euros, incluyendo impuestos, tal como se detalla en el portal de contratación del Estado, según informa Europa Press.
En julio de 2025, el Gobierno, a través del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, anunció la adjudicación de la tercera edición del contrato ‘CORA’, una licitación pública con un presupuesto de 340 millones de euros destinada a unificar las comunicaciones de más de 85 entidades públicas durante un período de 3,7 años.
Este contrato agrupa servicios que anteriormente estaban distribuidos entre varios convenios ministeriales, tales como telefonía fija y móvil, acceso a Internet, interconexión de centros de datos y protección de redes.
En la adjudicación, el lote 1 (red nacional multiservicio) fue asignado a Telefónica; el lote 2 (comunicaciones fijas y móviles con dispositivos) a MasOrange; el lote 3 (ciberseguridad e interconexión de centros de datos) a la UTE de Orange+TRC y Mnemo; y el lote 4 (red de datos internacional) a Evolutio.
En julio de 2025, Telefónica presentó un recurso ante el TACRC contra la adjudicación del lote 3, argumentando que Mnemo, socio de la UTE de MasOrange, no cumplía con el plan de igualdad, un requisito esencial en los concursos públicos.
En septiembre de 2025, el tribunal falló a su favor y anuló la adjudicación. Después de una nueva impugnación por parte de MasOrange, en noviembre también se excluyó a Telefónica tras analizar el caso de Govertis como proveedor.
Para asegurar la continuidad del servicio, desde diciembre de 2025 se designó a Telefónica para mantener los servicios asociados al lote 3, mediante un oficio. En mayo de 2026 se formalizó un nuevo concurso negociado sin publicidad, de 9 meses prorrogables otros 9, en favor del proveedor actual.
