El Gobierno de EEUU ha solicitado a OpenAI que restrinja la distribución de GPT 5.6, su próximo modelo de inteligencia artificial, a un número reducido de socios aprobados por la Administración. Esta decisión, según CNN, se debe a las capacidades avanzadas de este modelo. La petición se produce pocos días después de que la Administración Trump impusiera una orden de control de exportaciones a Anthropic, que llevó a esta compañía a retirar del mercado sus dos modelos más avanzados: Mythos y Fable.
El episodio con Mythos y Fable alertó a Washington y Wall Street por sus capacidades en ciberseguridad, consideradas un vector de riesgo sin precedentes. Fuentes indican que tanto la Administración como OpenAI coinciden en que GPT 5.6 es comparable a Mythos en términos de potencia y alcance, lo que lo convierte en el segundo modelo de frontera sometido a escrutinio gubernamental en cuestión de semanas.
OpenAI ha aceptado esta restricción como una medida provisional para poder lanzar el modelo públicamente. Sam Altman, CEO de la compañía, describió la situación en un informe interno como un «momento extraño» sin un marco regulatorio claro para los modelos de IA. En el mismo documento, Altman explicó que el Gobierno está aprobando el acceso «cliente por cliente», una fórmula que la compañía tolera pero no respalda.
La postura oficial de OpenAI es clara: «Hemos dejado claro al Gobierno de EEUU que este no es nuestro modelo preferido a largo plazo, y trabajaremos con ellos y otros actores del sector para alcanzar un enfoque más sostenible en futuros lanzamientos», escribió Altman. La Casa Blanca se ha limitado a declarar a CNN que «continúan colaborando con los laboratorios de IA de frontera para desarrollar enfoques compartidos». Hasta el momento, OpenAI no ha hecho más comentarios.
El contexto regulatorio se complica, ya que Donald Trump firmó a principios de este mes una orden ejecutiva que solicita a las empresas con modelos avanzados someterse a una revisión gubernamental voluntaria 30 días antes de cada lanzamiento, aunque el marco de su implementación aún no se ha establecido.
La gestión del caso OpenAI refleja la confusión actual, ya que la petición provino de la Casa Blanca, mientras que la prohibición de exportación a Anthropic fue emitida por el Departamento de Comercio, dos organismos distintos sin aparente coordinación.
La falta de un marco regulatorio claro ha sido criticada. Brad Carson, director de Public First, un superPAC bipartidista a favor de la seguridad de la IA, afirmó que el enfoque actual es «ad hoc, personalizado, opaco, posiblemente al margen de la ley». Carson reconoció que el Gobierno tiene la autoridad para retirar productos peligrosos del mercado, incluidos los modelos de IA, pero advirtió que debe hacerse con transparencia y equidad. Hasta el momento, GPT 5.6 no tiene una fecha de lanzamiento público confirmada.
