CIUDAD REAL 8 May. (CIBERPRO) –
La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), junto con la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Fundación para la Magistratura, organiza este jueves en la sede rectoral de la universidad en Ciudad Real la jornada titulada ‘Compliance penal y retos de la ciberseguridad’.
Este evento congrega a juristas, catedráticos y especialistas en seguridad para discutir sobre los peligros que enfrentan las empresas debido al incumplimiento de normativas y a la ciberdelincuencia, según ha comunicado la Universidad en un comunicado de prensa.
La inauguración del acto ha contado con la presencia del vicerrector de Economía y Planificación Estratégica de la UCLM, Francisco José Sáez Martínez, y la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco.
EL IMPACTO DE LA IMPUTACIÓN PENAL EN LA SOCIEDAD COTIZADA
En la primera mesa de debate se ha examinado la complejidad de las instrucciones penales relacionadas con las sociedades cotizadas, el impacto en la reputación y en el mercado de capitales que esto conlleva, así como la necesidad de implementar mecanismos que aporten consistencia y criterio a dichos procesos, haciéndolos más ágiles y evitando un uso abusivo del derecho procesal penal.
José María Ayala de la Torre, abogado del Estado en excedencia y socio director de su propio despacho, destacó que «existe un cierto automatismo en la imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas, enfrentándose a investigaciones prolongadas y complicadas donde la colaboración con la instrucción, como por ejemplo a través de un forensic, no está claramente definida. Estas circunstancias a menudo actúan como un anticipo de la pena».
Se enfatizó que la evolución en la cultura de cumplimiento y la adopción de sistemas ha sido notable en las empresas españolas en los últimos años, lo que debería facilitar el trabajo de jueces y fiscales en la gestión de instrucciones penales complejas.
Se propusieron medidas como protocolos de investigación penal que establezcan, entre otros aspectos, un modelo de prueba pericial (forensic) que brinde garantías adecuadas en la fase de instrucción, acuerdos con la Fiscalía condicionados a requisitos bajo supervisión judicial y la certificación externa de los programas de cumplimiento como herramienta de evaluación objetiva.
En este sentido, Ayala subrayó que «la certificación externa del sistema de cumplimiento, emitida por entidades de derecho público, proporcionaría una valoración técnica objetiva sobre su idoneidad, sumando garantías suficientes durante la fase de instrucción».
Además, se busca reforzar los mecanismos internos de documentación, trazabilidad y gobernanza del cumplimiento.
En esta primera mesa de debate, moderada por el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Ciudad Real, Jerónimo Pedrosa Del Pino, también participaron la catedrática de Derecho Mercantil María Ángeles Alcalá Díaz, el catedrático de Derecho Penal de la UCLM, Adán Nieto Martín, y el magistrado del Tribunal Supremo y presidente de la Comisión Ética Judicial, Eduardo de Porres Ortiz de Urbina.
CIBERSEGURIDAD EN LA ERA DEL RIESGO DIGITAL
La segunda mesa centró su atención en la ciberseguridad en el contexto actual.
José Miguel Gordillo Luque, director de Seguridad Global Corporativa de Iberdrola, enfatizó que «las ciberamenazas son cada vez más sofisticadas, lo que hace que la colaboración entre gobiernos, empresas y ciudadanos sea esencial».
Se discutió el impacto de las nuevas normativas europeas, como la Directiva NIS 2 y el Reglamento DORA, que están en proceso de ser incorporadas al marco legal español.
Asimismo, se abordó el Anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad y los desafíos que presenta en términos de certificaciones y responsabilidades.
En esta mesa, moderada por la catedrática de Derecho Mercantil de la UCLM, María Ángeles Alcalá Díaz, participaron la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Pilar Astray, el catedrático y socio director de ÉCIJA, Alberto Alonso Ureba, y el magistrado de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.
Se discutieron los desafíos actuales en ciberseguridad, tales como las Amenazas Persistentes Avanzadas, el ransomware y el phishing, afirmando que cada amenaza requiere atención especializada y respuestas proactivas.
La colaboración entre individuos, empresas y gobiernos, junto con la continua formación y actualización de los profesionales en ciberseguridad, son fundamentales para proteger el entorno digital y asegurar la privacidad y la seguridad de la información.
