– GOBIERNO DE CANTABRIA
SANTANDER, 31 Mar. (CIBERPRO) –
La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (http://www.sodercan.com/), que forma parte de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, ha reabierto la línea de ayudas CIBERREG para fomentar las inversiones en ciberseguridad en el tejido empresarial de la región.
Esta iniciativa de subvenciones, de hasta 20.000 euros por beneficiario, cuenta con el respaldo del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), organismo bajo la dependencia del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
La convocatoria ha sido publicada este martes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), dispone de un presupuesto de 150.000 euros y estará abierta hasta el 8 de mayo mediante el Gestor de Ayudas de SODERCAN.
Está orientada a empresas y autónomos de los sectores industrial y servicios auxiliares que hayan llevado a cabo inversiones en ciberseguridad desde el 1 de enero de 2025.
Esta acción forma parte del programa que impulsa SODERCAN para establecer el Centro de Ciberseguridad de Cantabria, en el contexto de la I Agenda Digital de Cantabria y de la iniciativa RETECH del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cofinanciado con Fondos Next Generation-EU.
En un comunicado, el consejero de Industria y presidente de SODERCAN, Eduardo Arasti, ha señalado que esta línea de ayudas busca fortalecer las inversiones en ciberseguridad del tejido empresarial de Cantabria, actuando como un catalizador tecnológico que garantice la transformación digital del entorno industrial, la atracción de actividades económicas de alto valor y, en última instancia, la mejora de la productividad empresarial.
Arasti ha subrayado que la ciberseguridad se ha vuelto un «elemento esencial» para la competitividad de las empresas. «La amenaza de ciberataques y vulnerabilidades es cada vez más relevante. Por ello, es crucial que las organizaciones implementen las medidas de protección necesarias para salvaguardar sus sistemas informáticos, la información, los activos y la infraestructura», ha comentado.
DESTINATARIOS
Las ayudas están destinadas tanto a empresas como a autónomos en el sector industrial manufacturero o en servicios de apoyo a la industria, abarcando una amplia variedad de sectores y un gran espectro de posibles beneficiarios, desde microempresas y autónomos hasta grandes empresas.
Serán elegibles los gastos relacionados con asistencias técnicas o servicios contratados como consultoría, ingeniería, auditoría y certificaciones iniciales; así como los costos de formación, hardware y software.
En cualquier caso, todos los conceptos deberán estar debidamente facturados, pagados y ejecutados al momento de presentar la solicitud.
Para que un proyecto sea considerado, deberá tener un presupuesto elegible superior a 3.000 euros. La subvención podrá cubrir hasta el 50% de los gastos elegibles, con un límite de 20.000 euros por solicitante y se aceptará un máximo de una solicitud por persona interesada.
Los proyectos que soliciten ayuda deben incrementar el nivel de ciberseguridad empresarial y mitigar riesgos y vulnerabilidades ante ataques.
Esto incluye la integración de sistemas de protección contra ciberataques en entornos IT/OT, diseño de arquitecturas seguras, auditorías y simulaciones de ataques externos, evaluación de la ciberseguridad de dispositivos electrónicos, capacitación del personal en materia de ciberseguridad y diagnósticos de situación previa en este ámbito.
También se contempla la elaboración de planes de acción para mejorar la ciberseguridad, análisis de riesgos y vulnerabilidades, inventarios de elementos críticos, adopción de buenas prácticas, cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad y protección de información estratégica o sensible, como puede ser la propiedad intelectual o industrial.
La iniciativa RETECH (Redes Territoriales de Especialización Tecnológica) coordina diversos proyectos regionales enfocados en la transformación y especialización digital, asegurando la colaboración y complementariedad.
Se inscribe en la Agenda España Digital 2026 y representa una política pública de inversión territorial en digitalización, que involucra a las Comunidades Autónomas para promover proyectos de especialización tecnológica con carácter transregional y efectos multiplicadores en los impactos esperados.
