MADRID 30 Oct. (CIBERPRO) –
Este miércoles, el Senado de México ha aprobado la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, que faculta a la fuerza naval para intervenir en funciones de ciberseguridad, aduanas y vigilancia costera, incluyendo derechos de inspección y persecución de embarcaciones extranjeras.
Con 72 votos a favor provenientes de la coalición Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, la ley incluye la participación de la Armada en la seguridad de las aduanas marítimas y del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, según ha informado el portal Animal Político.
Esta medida busca armonizar las funciones de la Armada y formaliza su colaboración junto a la Guardia Nacional en la lucha contra el tráfico de drogas, hidrocarburos, armas y personas, así como en delitos graves como feminicidios, secuestros y extorsiones.
Además, establece un nivel intermedio entre altos mandos y fuerzas operativas, reemplazando al Estado Mayor General de la Armada con la Jefatura de Operaciones Navales, y promueve la igualdad de género al establecer que «el personal de la Armada de México, según su jerarquía, podrá ejercer la Comandancia de cualquier nivel de mando (…) sin distinción de género».
EL PRI Y MOVIMIENTO CIUDADANO CRITICAN LA MILITARIZACIÓN
Durante el debate parlamentario, el senador de Morena y presidente de la Comisión de Marina, Carlos Lomelí, afirmó que «no se trata de militarizar, sino de proteger con disciplina, eficiencia y transparencia». Justificó que «esta ley no amplía el poder de las armas, sino el poder de la ley y del Estado mexicano sobre sus mares, su ciberespacio y su futuro».
Sin embargo, la senadora del Partido Acción Nacional, Gerardina Campuzano, ha criticado que la ley busca «domesticar» a la Armada. «Crean una Jefatura de Operaciones Navales que no es por mérito, sino por ‘dedazo’ presidencial, concentrando el mando estratégico en una sola persona, sin contrapesos», expresó, afirmando que «eso no es profesionalización, es sumisión disfrazada de obediencia». «Han silenciado su voz para imponer la de un partido», agregó.
Asimismo, las críticas también provienen de Movimiento Ciudadano, donde la senadora Alejandra Barrales ha lamentado la asignación de funciones civiles a personal militar. «El 90 por ciento de lo que se articula es prácticamente igual a la ley actual», ha dicho, añadiendo que esto «evidencia que no se trata de modernización, sino de justificar una mayor intervención militar».
La representante del Partido Revolucionario Institucional, Carolina Viggiano, también ha manifestado preocupaciones similares, indicando que «lo que esta ley persigue es consolidar el dominio militar sobre funciones civiles, puertos, aduanas, vigilancia marítima y tareas policiales».
