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MADRID 8 May. (CIBERPRO) –
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha señalado que un 60% de los autónomos en España se encuentran en una situación de «exposición alta» a ciberataques, consecuencia de un proceso de digitalización acelerado que no va acompañado de los recursos, formación ni herramientas de seguridad adecuados.
Además, la organización ha alertado que esta digitalización forzada «incrementa la vulnerabilidad» de los pequeños negocios, especialmente entre los profesionales de mayor edad y aquellos sin estructura empresarial definida.
En este contexto, los datos indican que cerca del 17% de los autónomos tiene 60 años o más, lo que representa aproximadamente 570.000 trabajadores por cuenta propia, reflejando, como ha apuntado UPTA, el «notable» envejecimiento del sector, dificultando así la adaptación a procesos tecnológicos «cada vez más elaborados».
Asimismo, se destaca que alrededor de tres millones de autónomos no cuentan con empleados a su cargo, lo que limita su capacidad para contratar soporte técnico, implementar sistemas de seguridad o recibir asesoría especializada.
Esta situación se ve exacerbada en sectores como comercio, hostelería, transporte y agricultura, donde la implementación de la facturación electrónica y los pagos digitales pone de manifiesto «graves carencias» en ciberseguridad.
UPTA ha denunciado que la digitalización promovida en años recientes «no ha sido acompañada por una estrategia real» de protección tecnológica adaptada a las particularidades del trabajo autónomo, lo que genera, según han indicado, una brecha «generacional y de formación».
El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha manifestado que el avance tecnológico «no debe convertirse en una amenaza» y que los autónomos están asumiendo procesos de digitalización obligatorios «sin las herramientas necesarias» para protegerse de fraudes, robos de datos o ataques informáticos.
«No podemos permitir que la modernización se realice sin considerar la seguridad de quienes sustentan gran parte de la economía de este país», ha afirmado Abad, quien ha exigido que las nuevas obligaciones vengan acompañadas de «recursos adecuados».
Por lo tanto, la organización considera «fundamental» que las administraciones apoyen el proceso de digitalización mediante inversiones en formación, asistencia técnica y mecanismos de protección efectivos.
