Considera que proporcionó «cobertura legal» a la red y que lideró las «acciones de blanqueo de imagen y legitimación pública»
MADRID, 31 (CIBERPRO)
La jueza de la Audiencia Nacional que investiga una presunta red que sustrajo y comercializó datos de entidades públicas y privadas ha determinado que el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, actúa como el «coordinador jurídico-operativo y arquitecto del blindaje estructural de la organización criminal», que también involucra al ‘hacker’ José Luis Huertas, conocido como ‘Alcasec’.
Este hallazgo se refleja en un auto, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, en el que la magistrada María Tardón decidió este jueves ordenar la prisión provisional de Martínez, quien «desempeñaría un papel fundamental en la consolidación y sostenibilidad» de esta red, desmantelada tras la ‘Operación Borraska’.
Según la jueza, su papel incluiría el diseño y la ejecución de un blindaje legal, patrimonial e institucional que permitiría a los miembros técnicos del grupo, en particular a Huertas, operar con continuidad, anonimato y una legitimidad aparente. Por ello, la magistrada optó por enviarlo a prisión debido al riesgo de destrucción de pruebas.
En su resolución, la magistrada resalta el «perfil profesional» de Martínez, que «combina conocimientos jurídicos, conexiones institucionales y experiencia política, debido a los cargos similares que ha ocupado en el pasado».
Todo esto lleva a concluir, a partir de las investigaciones, que él proporcionaría cobertura legal a una estructura ilícita altamente tecnificada, liderando además las acciones de blanqueo de imagen y legitimación pública.
La Audiencia Nacional destaca que uno de los «elementos clave» de esta red es su capacidad para almacenar, organizar y cruzar grandes volúmenes de datos obtenidos de manera ilícita, utilizando plataformas tecnológicas especializadas en el análisis masivo de información.
La información que intercambiaban era «sustraída mediante ciberataques e intrusiones informáticas planificadas y reiteradas contra sistemas de organismos públicos y privados, realizadas de manera sostenida durante años».
UNA RED TRANSNACIONAL CON GRAN CAPACIDAD
Según la jueza, la trama habría «evolucionado de un esquema tradicional de ciberdelincuencia a una red de inteligencia criminal privada y transnacional, con capacidad de intervención en sectores estratégicos y objetivos que sobrepasan el simple beneficio económico, alcanzando una dimensión de control y explotación masiva de información sensible».
La instructora subraya la «continuada relación» que el exsecretario de Estado mantenía con ‘Alcasec’ desde al menos 2021, cuando este último fue detenido siendo menor de edad. La jueza indica que Martínez «le habría asesorado legal y fiscalmente respecto a la sociedad Horus Corp, donde Adrián Molina, otro de los investigados y vinculado al ‘hacker’, figura como el administrador único».
Estos vínculos refuerzan la inferencia de que Martínez tendría un conocimiento profundo del rol operativo y técnico de ambos dentro del entramado criminal, insiste la magistrada.
En concreto, Martínez se habría encargado de la «configuración legal y operativa, desempeñando un papel central en el diseño de estructuras societarias que funcionarían como fachadas legales para la actividad criminal».
Estas sociedades, formalmente administradas por terceros como Molina, estarían siendo utilizadas para canalizar ingresos ilícitos, emitir facturas simuladas y aparentar una actividad económica legítima, señala la jueza.
Dicha arquitectura permitiría desvincular formalmente a ‘Alcasec’ de los beneficios generados por la red delictiva, minimizando su exposición directa.
«Actividades que superan ampliamente las funciones de la defensa técnica legal y evidencian su participación activa y consciente en las actividades del entramado criminal», añade.
Martínez también «puede ser responsable de la dirección de iniciativas destinadas a insertar a Huertas en entornos académicos y profesionales legítimos, a través de acuerdos con instituciones educativas, participación en programas de formación y actividades relacionadas con la ciberseguridad».
Estas iniciativas, según la magistrada, estarían orientadas a conferir una apariencia de legalidad al entorno de Huertas, dificultando su vinculación con actividades ilícitas y reforzando su imagen como profesional del sector tecnológico.
EL RELATO DE MARTÍNEZ ANTE LA JUEZA
De acuerdo con fuentes consultadas por Europa Press, en su declaración ante la jueza tras su detención, Martínez afirmó que su única intención fue ayudar a ‘Alcasec’, tanto en su calidad de abogado como a nivel personal, limitando su intervención a la creación de las empresas con las que operaba el ‘hacker’.
Así, se distanció de cualquier actividad que pudiera realizar con las mismas, enfatizando que nunca se ha beneficiado de los datos a los que pudo acceder.
Martínez explicó que, hasta donde sabía, ‘Alcasec’ estaba desarrollando un buscador que organiza información extraída de fuentes abiertas en internet mediante inteligencia artificial (IA).
Dentro del asesoramiento legal que le brindó, Huertas le proporcionó acceso a ese buscador para que el exsecretario de Estado lo probara, asegurando que en sus búsquedas no observó nada irregular.
No obstante, la jueza argumenta que «las búsquedas realizadas por Martínez a través de su acceso directo al ‘bot’ automatizado desarrollado por la organización» estaban «orientadas a satisfacer sus propias necesidades de información», lo que lo posiciona «como beneficiario y usuario consciente de los recursos ilícitos del entramado».
