La red operaba como «una inteligencia privada» y se presentaba como un «entorno legítimo de asesoría tecnológica».
MADRID, 28 May. (CIBERPRO) –
La jueza de la Audiencia Nacional que ordenó la detención del ex secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, del hacker José Luis Huertas ‘Alcasec’, y de otras dos personas, está investigando en un caso –actualmente bajo secreto– sobre la venta de información sensible de entidades públicas y privadas.
La operación, llevada a cabo en colaboración con la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el Juzgado Central de Instrucción Número 3, resultó en la detención de Adrián Molina y del ‘youtuber’ Álvaro Martín en Andorra.
Martínez, ‘Alcasec’ y Molina serán puestos a disposición de la magistrada María Tardón este jueves. No obstante, la jueza deberá esperar a que se resuelva la solicitud de extradición de Martín para poder interrogarlo.
Mediante un comunicado, la Policía Nacional ha detallado que la ‘Operación Borraska’ inició en 2024, tras la detección de ciberataques sistemáticos y prolongados contra infraestructuras tecnológicas de entidades públicas, empresas del sector energético, puertos, sistemas de transporte, redes telefónicas y plataformas educativas.
La Audiencia Nacional ha indicado que la causa se originó a raíz de la denuncia de una entidad pública que sufrió un acceso no autorizado a sus servicios informáticos, lo que resultó en la exfiltración masiva de datos personales de propietarios de líneas de telefonía móvil.
«La red había creado una plataforma tecnológica que permitía almacenar, indexar y comercializar datos segmentados, individualizados y vinculados a personas físicas, entidades jurídicas y operaciones institucionales», explican los agentes en el comunicado.
«SERVICIOS PERSONALIZADOS DE CONSULTA»
Esta capacidad les permitía «elaborar perfiles completos, cruzar información en tiempo real y ofrecer servicios personalizados de consulta a terceros, quienes accedían a través de un bot cifrado en una popular red social».
La Policía sostiene que «toda la operación estaba alojada en servidores distribuidos en la nube, que el grupo consideraba inaccesibles para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad». Los investigadores afirman que «la estructura criminal funcionaba como una auténtica red de inteligencia privada, con roles claramente diferenciados».
Entre estos roles estaban la administración tecnológica, el desarrollo de herramientas para el anonimato, la gestión financiera mediante criptoactivos, el asesoramiento legal, la expansión internacional y la comercialización en mercados oscuros.
«Uno de los miembros desempeñaba un papel clave en esta internacionalización, ampliando las operaciones a otros países mediante contactos profesionales establecidos», añade el comunicado.
EL SUPUESTO PAPEL DE FRANCISCO MARTÍNEZ
La red habría utilizado «sus relaciones personales y profesionales para presentarse como un entorno legítimo de asesoramiento tecnológico, blanqueando su operativa a través de estructuras societarias y servicios de consultoría que facilitaban su integración en entornos económicos e institucionales».
Fuentes de la defensa de Francisco Martínez informaron a Europa Press que fue abogado de ‘Alcasec’ durante su minoría de edad. En concreto, el que fuera ‘número dos’ de Interior habría establecido dos sociedades para el hacker a cambio de 1.500 euros.
En este sentido, indicaron que el papel de Martínez se habría limitado a la creación de esas sociedades, las cuales supuestamente no habría administrado ni gestionado. Tampoco se habría encargado de la contabilidad.
Según la Policía Nacional, «uno de los logros más significativos de esta operación ha sido la intervención y recuperación de la infraestructura tecnológica de la red». «A pesar del uso de identidades falsas, criptomonedas, cifrado extremo y rutas anónimas de acceso, los investigadores lograron identificar y desmantelar los servidores principales, además de recuperar las bases de datos almacenadas en la nube», añaden.
LOS CRÍMENES QUE SE INVESTIGAN
La Policía detalla que la operación ha contado con la colaboración del Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como de la Policía de Andorra.
Asimismo, han colaborado la autoridad judicial de Andorra, la magistrada de Enlace en Suiza, la Oficina Federal de Justicia y la Policía Judicial-SATI del cantón de Ticino, todos países igualmente afectados por la actividad de esta red.
En el contexto de la causa, la jueza investiga delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, descubrimiento y revelación de secretos, especialmente acceso no autorizado a sistemas informáticos y apropiación y cesión de datos reservados.
