MADRID, 29 (CIBERPRO)
La juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga una supuesta red que sustrajo y comercializó datos de organismos públicos y privados ha decidido este jueves enviar a prisión al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y al ‘hacker’ José Luis Huertas, conocido como ‘Alcasec’, hasta que se aseguren las bases de datos a las que supuestamente accedió la organización.
Fuentes jurídicas han informado a Europa Press que, tras la comparecencia para escuchar a los detenidos en la ‘Operación Borraska’, ha optado por encarcelar de manera incondicional a Martínez, ‘Alcasec’ y Adrián Molina, tal como había solicitado la Fiscalía. En cuanto al ‘youtuber’ Álvaro Martín, el único que no se encuentra en territorio español, la Fiscalía ha solicitado su extradición desde Andorra.
La titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 ha considerado el riesgo de destrucción o alteración de pruebas en relación con Martínez, así como los riesgos de reiteración delictiva y fuga para ‘Alcasec’ y Molina; todos ellos están siendo investigados por presuntos delitos de blanqueo de capitales, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal.
Según las fuentes consultadas, Martínez declaró durante 30 minutos, asegurando que solo intentó ayudar a ‘Alcasec’ tanto en su rol como abogado como a nivel personal, limitando su intervención a la creación de las empresas con las que operaba el ‘hacker’. Se desvinculó así de cualquier actividad que pudiera haber realizado con ellas, enfatizando que nunca se ha beneficiado económicamente de los datos a los que pudo acceder.
Martínez mencionó que, hasta donde él sabía, ‘Alcasec’ estaba trabajando en un buscador que organizaba información obtenida de fuentes abiertas de Internet utilizando Inteligencia Artificial (IA). En el marco del asesoramiento legal, Huertas le proporcionó acceso a este buscador para que el exsecretario de Estado lo evaluara, afirmando que durante sus búsquedas no notó nada irregular.
«SERVICIOS PERSONALIZADOS DE CONSULTA»
Tras las detenciones y registros realizados el martes, la Policía Nacional informó que la ‘Operación Borraska’ se inició en 2024, tras la detección de una serie de ciberataques sistemáticos y continuos contra infraestructuras informáticas de organismos públicos, empresas del sector energético, puertos, sistemas de transporte, redes telefónicas y plataformas educativas.
«La red había desarrollado una plataforma tecnológica integrada que permitía almacenar, indexar y vender datos segmentados y vinculados a personas físicas, entidades jurídicas y operaciones institucionales», indicaron los agentes en el comunicado.
Esta capacidad, añadieron, «les permitía crear perfiles completos, cruzar información en tiempo real y ofrecer servicios personalizados de consulta a terceros, que accedían a través de un bot cifrado en una conocida red social».
La Policía sostiene que «toda la operativa estaba alojada en servidores distribuidos en la nube, considerados inaccesibles para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad». Los investigadores aseguran que «la estructura criminal funcionaba como una auténtica red de inteligencia privada, con roles claramente definidos».
Entre estos roles estaban la administración tecnológica, el desarrollo de herramientas de anonimato, la gestión financiera mediante criptoactivos, el asesoramiento legal, la expansión internacional y la comercialización en mercados oscuros.
«Uno de los integrantes cumplía un papel crucial en esta internacionalización, ampliando las operaciones a otros países mediante contactos profesionales establecidos», añadió el comunicado.
EL SUPUESTO ROL DE FRANCISCO MARTÍNEZ
La red habría utilizado «sus relaciones personales y profesionales para presentarse como un entorno legítimo de asesoramiento tecnológico, blanqueando su operativa a través de estructuras societarias y servicios de consultoría que facilitaban su inserción en entornos económicos e institucionales».
Fuentes de la defensa de Francisco Martínez señalaron a Europa Press que fue abogado de ‘Alcasec’ cuando este era menor. En concreto, el ex ‘número dos’ del Ministerio del Interior habría creado dos sociedades para el hacker a cambio de 1.500 euros.
En esta línea, señalaron que la función de Martínez se limitó a la creación de dichas sociedades, que supuestamente no administró ni gestionó. Tampoco se ocupó de la contabilidad.
Las mencionadas fuentes indicaron que los agentes registraron su vivienda desde las 6:30 horas del martes hasta las 19:00 horas del mismo día. Posteriormente, se trasladaron a su oficina, llevando a cabo registros allí también.
De acuerdo con la Policía Nacional, «uno de los logros más significativos de esta operación ha sido la intervención y recuperación de la infraestructura tecnológica de la red». «A pesar del uso de identidades falsas, criptomonedas, cifrado extremo y rutas anónimas de acceso, los investigadores lograron identificar y desmantelar los servidores principales, así como recuperar las bases de datos almacenadas en la nube», añaden.
LOS DELITOS QUE SE INVESTIGAN
La Policía detalla que la operación ha contado con la colaboración del Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como de la Policía de Andorra.
Además, también han colaborado la autoridad judicial de Andorra, la magistrada de enlace en Suiza, la Oficina Federal de Justicia y la Policía Judicial-SATI del cantón de Ticino, todos ellos países igualmente afectados por la actividad de esta red.
En el marco de la causa, la jueza investiga delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, revelación de secretos, en particular el allanamiento o intrusismo en sistemas informáticos, así como la sustracción y cesión de datos reservados.
