MADRID, 2 Jun. (CIBERPRO) –
El Gobierno ha decidido suspender el lote de ciberseguridad e interconexión de datos, el tercero del contrato estatal de comunicaciones conocido como ‘CORA’, anteriormente adjudicado a Telefónica, debido a la «pérdida inesperada de cobertura presupuestaria».
En particular, la Mesa de Contratación de los servicios consolidados de telecomunicaciones de la Administración General del Estado (AGE) ha acordado anular la resolución de exclusión, así como la que declaraba desierto el procedimiento.
Recientemente, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) aceptó el recurso presentado por la ‘teleco’ liderada por Marc Murtra, argumentando que su exclusión no fue legal y que su oferta seguía siendo válida en el proceso.
«La Mesa considera la Resolución nº 781/2026 TACRC, y en cumplimiento de la misma, se anula la resolución de exclusión y, por lo tanto, la resolución que declara desierto el procedimiento, debiendo retroceder las actuaciones al momento previo a la exclusión y continuar con los trámites correspondientes», según el acta a la que ha tenido acceso Europa Press.
Así, se procede a revertir la propuesta de exclusión de la UTE Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España – Telefónica de España, así como la propuesta de declaración de desierto.
Sin embargo, la mesa de contratación del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha señalado la «pérdida inesperada de la cobertura presupuestaria del expediente», causada por la anulación de los documentos contables de Retención de Crédito (RC) por parte de los organismos cofinanciadores –Imserso, Ingesa y DGRCC– durante la evaluación del recurso especial.
TERCERA EDICIÓN DEL CONTRATO ‘CORA’
En julio de 2025, el Gobierno adjudicó la tercera edición del contrato ‘CORA’, con un presupuesto de 340 millones de euros para unificar las comunicaciones de más de 85 organismos públicos durante 3,7 años. Este contrato centraliza servicios como voz fija y móvil, acceso a Internet, interconexión de centros de datos y protección de redes. En este proceso, el lote 1 fue adjudicado a Telefónica; el lote 2, a MasOrange; el lote 3, de ciberseguridad e interconexión de datos, a una Unión Temporal de Empresas (UTE) compuesta por Orange, TRC y Mnemo; y el lote 4, a Evolutio.
Telefónica impugnó la adjudicación del lote 3, alegando que Mnemo no contaba con un plan de igualdad, un requisito esencial en concursos públicos, y en septiembre de 2025 el TACRC le dio la razón, anulando la adjudicación. Posteriormente, en la fase de formalización, la mesa de contratación solicitó a la operadora que demostrara el cumplimiento de este requisito en toda su cadena de subcontratación, a lo que la compañía respondió que la ley permite ajustar dicha estructura.
En noviembre de 2025, la mesa decidió excluir a Telefónica, alegando que uno de sus proveedores, Govertis, no cumplía con los requisitos, y declaró desierto el lote, una decisión que la operadora volvió a impugnar. «Por lo tanto, se estima el recurso, anulando la resolución de exclusión y, en consecuencia, la resolución que declara desierto el procedimiento, debiendo retroceder las actuaciones al momento anterior a la exclusión», indicaba la resolución del TACRC.
Para asegurar la continuidad del servicio, Telefónica ha mantenido la prestación del lote desde diciembre de 2025 mediante una prórroga forzosa. Al mismo tiempo, la Administración lanzó una licitación negociada sin publicidad, de nueve meses prorrogables, en exclusiva con la compañía, que presentó su oferta en marzo de 2026 y cuya implementación se esperaba para el 1 de junio.
Con la resolución del TACRC, el procedimiento debía continuar con Telefónica como única oferta válida para el lote 3, cuyo importe asciende a 63 millones de euros sin impuestos. Sin embargo, se ha informado que la tramitación ha quedado suspendida debido a la pérdida inesperada de la cobertura presupuestaria.
