JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (CIBERPRO)
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha estado presente en el VII Congreso Andaluz del Consejo de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Andalucía (Cosital Andalucía), que se celebró el 2 de octubre en Jerez de la Frontera (Cádiz). Durante el evento, se destacó la importancia de avanzar en la digitalización de las administraciones locales para hacerlas «más eficientes y rápidas», además de fortalecer la ciberseguridad y fomentar el uso de la inteligencia artificial, siempre respetando el componente humano en la gestión pública. El objetivo es lograr «una mayor simplificación administrativa, mejor planificación estratégica y mayor eficacia».
Este tema se discutió en la mesa redonda titulada ‘Inteligencia colectiva (IC) para la mejor Administración Local’, donde participaron la secretaria general de Administración Local de la Junta de Andalucía, María Luisa Ceballos, el teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez, José Ignacio Martínez, el director general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Francisco Díaz Latorre, el director del Departamento Jurídico de la FAMP, Juan Manuel Fernández Priego, y la presidenta del Consejo General de Cosital, Pilar Ortega.
La FAMP ha señalado en un comunicado que en esta mesa se enfatizó que el trabajo colaborativo y consensuado facilita la implementación de soluciones que benefician los servicios públicos locales mediante el uso de métodos de inteligencia colectiva, donde la participación y la interrelación son «esenciales» para la calidad de las políticas públicas.
Desde las Federaciones de Municipios de España, incluida la FAMP, se consideran estas iniciativas «cruciales para continuar articulando una administración local adaptada al rol que desempeña en el siglo XXI como la más cercana a la ciudadanía».
La inauguración del congreso, que tuvo lugar el 2 de octubre, contó con la presencia de diversas autoridades, incluyendo a la presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, al consejero de Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, a la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, y a la subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores.
En representación de Cosital asistieron su presidenta nacional Pilar Ortega Jiménez, el presidente del Consejo Andaluz, Antonio Aragón, y el presidente del Colegio de Cádiz, José Luis López Guío, entre otros.
María José García-Pelayo destacó la colaboración continua con Cosital, que, según su opinión, «se ha convertido en un interlocutor constante y muy fiable para abordar las cuestiones que atañen a los ayuntamientos en el ámbito del control de la legalidad».
Además, mencionó la «necesidad» de modernizar el régimen local de España, recordando que este año se cumplen 40 años desde la aprobación de la Ley de Bases de Régimen Local, la cual «limita, por su antigüedad, la capacidad de respuesta de los alcaldes ante las demandas actuales de la ciudadanía».
García-Pelayo también subrayó la importancia de «actualizar y redefinir competencias, así como reducir la burocracia en los ayuntamientos, asegurando que esto no comprometa la calidad técnica y garantizando el control de la legalidad». «Nuestro objetivo es actuar con eficacia, rapidez y certeza jurídica en los proyectos que los ciudadanos solicitan», afirmó.
Por otro lado, Antonio Aragón, presidente del Consejo Andaluz de COSITAL, destacó que uno de los principales desafíos en Andalucía es «la provisión de vacantes», ya que de los 1.500 puestos reservados, «más de 600 están sin ocupar por habilitados», lo que «afecta gravemente la seguridad jurídica de las entidades locales y de las administraciones interrelacionadas».
Aragón solicitó que «una cuestión esencial» para el colectivo es «mantener el carácter nacional de la profesión», manifestándose en contra de la cesión total de las competencias profesionales a las comunidades autónomas, defendiendo su participación según lo establecido en el marco normativo vigente, pero «sin fragmentar el régimen de funciones reservadas que ha permitido un régimen común para la administración local española, fundamental para asegurar la igualdad de derechos en todo el territorio nacional».
