MADRID, 14 ene. (CIBERPRO) –
El Gobierno, a través del Consejo de Ministros, ha dado luz verde este martes al anteproyecto de la Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad. Esta nueva legislación, que responde a una directiva de la Unión Europea, tiene como objetivo incrementar la protección frente a las intensas amenazas que afrontan tanto organismos públicos como empresas privadas en sectores esenciales como la energía, el transporte, la banca, los mercados financieros, la salud y las infraestructuras críticas.
«Cada entidad y operador de estos sectores clave deberá efectuar un análisis detallado de su ciber-riesgo, implementar medidas para fortalecer y mejorar la ciberseguridad de sus redes e infraestructuras de información y mitigar los riesgos de posibles incidentes», afirmó el ministro del Interior.
Además, la ley también contempla a sectores de menor repercusión tales como los servicios postales, la gestión de residuos, la producción alimentaria, la investigación científica y la seguridad privada. Así lo anunció el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una conferencia de prensa en el Palacio de la Moncloa.
El anteproyecto también incluye la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad, que actuará como la autoridad central en la gestión de crisis de ciberseguridad que puedan surgir.
«La dependencia de las redes y sistemas de información es vital para casi todas nuestras actividades económicas y sociales», explicó Marlaska, añadiendo que estas están expuestas a severas ciberamenazas y nuevos retos que exigen soluciones adaptadas, coordinadas e innovadoras.
Marlaska también destacó que estas ciberamenazas pueden alterar significativamente las actividades económicas, reducir la confianza de los usuarios y causar extensos daños a la economía, la sociedad y la seguridad nacional.
Según la directiva europea NIS-2 de 2022, el anteproyecto establece una serie de mandatos obligatorios para entidades con residencia fiscal en España o que operen o presten servicios en el país. «Estas entidades deberán informar a la autoridad competente, de manera inmediata, sobre cualquier incidente significativo que ocurra», señaló Marlaska, que también mencionó que el anteproyecto se tramitará como urgente y contará con informes obligatorios de instituciones como el Banco de España, la Agencia de Protección de Datos y el Consejo de Estado.
